La Orden andaluza sobre control de predadores es una concesión directa al lobby de la caza
Carmen Morales
4/1/20266 min read
El 30 de diciembre de 2025, la Junta de Andalucía publicó en su Boletín Oficial una Orden que regula la acreditación de controladores de predadores cinegéticos y los métodos de captura homologados en la comunidad autónoma. Aunque la norma se presenta oficialmente como una herramienta técnica para gestionar poblaciones de predadores cuando se justifican daños a fauna, cultivos o ganadería, su origen y desarrollo revelan una indudable influencia del lobby de la caza, que ha condicionado su contenido, programación y legitimación política.
La Orden opta por un modelo que favorece claramente a personas vinculadas al ámbito cinegético, dejando fuera a otros actores con acreditada formación científica como biólogos, veterinarios, agentes de medioambiente o técnicos de gestión medioambiental y por supuesto a cualquier actor relacionado con la protección y el bienestar animal.
La Orden es una demanda del sector cinegético, NO del interés general
Desde la Federación Andaluza de Caza (FAC) se enorgullecen de su aprobación y afirman que esta orden es una “herramienta histórica” que los cazadores venían reclamando desde hace **más de 20 años”. Sin embargo, es clave preguntarse ¿Quién define qué es esencial para la biodiversidad?
La FAC no solo ha repetido incansablemente esta demanda ante la administración, sino que incluso amenazó con convocar movilizaciones públicas si la Junta de Andalucía no aprobaba la regulación con prontitud, vinculando el cumplimiento de compromisos firmados con acciones de presión social.
¿Norma técnica o respuesta política al lobby?
La narrativa oficial sostiene que la orden busca “equilibrar la gestión cinegética con la conservación de la biodiversidad”, regulando métodos selectivos y criterios de bienestar animal. No obstante, esta misma orden es presentada repetidamente por la FAC como producto de su propio trabajo conjunto con la Consejería, entregando herramientas y aportaciones durante su tramitación. Este hecho plantea varias preguntas críticas:
¿Hasta qué punto el contenido técnico fue realmente independiente o fue redactado con fuerte orientación de los grupos cinegéticos?
¿La orden responde prioritariamente a evidencia científica neutra o a las demandas del sector de cazadores organizados?
Por estos motivos podemos afirmar que la Orden se ha redactado indudablemente para satisfacer los intereses particulares de un colectivo por encima del interés general y de criterios científicos independientes.
Uno de los aspectos más problemáticos que presenta esta Orden es la externalización de funciones públicas de gestión de fauna hacia el colectivo de los cazadores, que se han erigido a sí mismos como “guardianes de la biodiversidad”, y que podrán ejercer funciones propias de perfiles técnicos profesionales mediante la realización de un simple curso.
Lo más preocupante es que la realización de estas actividades contará con un nivel de supervisión administrativa prácticamente inexistente. Esta delegación de funciones en particulares no cualificados y carentes de conocimientos científicos en materia de gestión medioambiental y bienestar animal debilita la capacidad real de control de la Administración y aumenta el riesgo de actuaciones desproporcionadas y de maltrato animal, especialmente dentro de los cotos privados de caza.
Asimismo, la norma evidencia un grave conflicto con los principios de bienestar animal y de precaución ambiental, y presenta graves incompatibilidades respecto a la protección jurídica de los gatos comunitarios, reconocidos por la legislación estatal como animales domésticos. La falta de mecanismos claros de trazabilidad, supervisión y coordinación institucional deja a estos animales en una situación de vulnerabilidad práctica, particularmente en cotos privados donde el control de los supervisores de la administración es inexistente.
Quien es Quien en este juego del poder y el dinero
* Catalina Montserrat García Carrasco, actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, es conocida por las sombras en su trayectoria profesional y política. Licenciada en enfermería con una carrera marcada por contratos esporádicos en el sector sanitario, García Carrasco pasó de la noche a la mañana de ser alcaldesa de un modesto pueblo de Jaén a ocupar altos cargos en la sanidad pública andaluza, hasta llegar al cargo que ocupa actualmente.
Es paradójico que una mandataria sin formación ni trayectoria reconocida en medio ambiente —más allá de nombramientos políticos consecutivos— ahora defienda medidas como la intensificación de la caza regulada como herramienta “sostenible” o grandes cifras presupuestarias para fomentar este sector, mientras Andalucía enfrenta retos ambientales profundos que exigen liderazgo técnico y compromiso real con la transición ecológica.
Además, García Carrasco arrastra una investigación abierta por tribunales sobre su papel durante su anterior etapa como consejera de Salud de la Junta de Andalucía en el mantenimiento de contratos sanitarios de emergencia más allá del periodo crítico de la pandemia, una polémica que ha generado dudas sobre su criterio en la gestión pública y el rigor de sus decisiones. El juez del caso la ha citado a declarar como testigo en una causa que sigue abierta hasta abril de 2026.
Por otra parte, la elección de * Jose María Mancheño Luna, como presidente de la Federación Andaluza de Caza, ha generado crecientes interrogantes sobre potenciales conflictos de interés tras confirmarse que también preside Mutuasport, una entidad con un capital social registrado de 5.250.000€, dedicada a la comercialización de seguros y posicionada como mutua especialista en seguros de responsabilidad civil, accidentes y otras coberturas asociadas a la actividad cinegética, y que opera estrechamente con diversas federaciones autonómicas de caza, y oferta productos diseñados específicamente para cazadores, sociedades de cazadores y cotos cinegéticos.
Desde su doble cargo, el presidente de la FAC ostenta un interés económico claro vinculado al volumen de seguros expedidos, pues la propia mutua incentiva de facto la práctica cinegética como motor de su negocio.
Es decir, cuantas más licencias federativas se expidan y colectivos de cazadores se incorporen, mayor será también el volumen de seguros contratado a través de Mutuasport.
La Federación Andaluza de Caza, entidad con estatus de utilidad pública en Andalucía, tiene competencias reconocidas en la expedición de licencias federativas y en la gestión de seguros colectivos para sus federados.
Según datos internos del propio organismo, más de 70.000 seguros de responsabilidad civil de cazadores y más de 400 seguros de responsabilidad civil de cotos gestionados por la FAC habrían sido tramitados en 2023, evidenciando la dimensión económica que esta actividad representa para Mutuasport.
En un contexto en el que la caza es objeto de debates sociales y ambientales, y cuando la Federación Andaluza de Caza se presenta como defensora de un "supuesto" deporte y, simultáneamente, como impulsora de un producto privado estrechamente vinculado a esa misma actividad, la línea entre lo público y lo privado se difumina peligrosamente.
Conclusión
La Orden de 29 de diciembre de 2025 se ha aprobado debido a la gran influencia del lobby de la caza en Andalucía, que ha ejercido presión política, social y mediática para que la Junta legisle según sus intereses particulares, favoreciendo con ello indirectamente los intereses mercantiles de su presidente.
Tampoco sería descabellado plantear la posibilidad de que, detrás de la aprobación de esta Orden, puedan existir intereses impropios que merecerían una investigación exhaustiva. La forma en que ha sido tramitada y su claro alineamiento con el sector de la caza hacen pensar que desde la Junta de Andalucía y la Consejería de Medioambiente podría estarse reproduciendo un modelo ya conocido: el de normas diseñadas a medida de intereses concretos, similar al que en su día se atribuyó a las leyes impulsadas por el exministro de Economía Cristóbal Montoro, donde la frontera entre interés general y beneficio privado quedó fulminada.